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Las inmobiliarias insisten en cobrar dos meses de comisión

El Colegio Profesional Inmobiliario se presentará en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que revise el fallo que declaró la nulidad de la resolución que habilitaba este cobro.

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires le concedió al Colegio Profesional Inmobiliario el recurso para que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revise el fallo que declaró la nulidad de la resolución que habilitaba el cobro a los inquilinos de dos meses de comisión.

Recordemos que, a principio del año pasado la Asociación Civil Inquilinos Agrupados y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia nos presentamos en la Justicia porteña con una acción de amparo contra el Colegio Profesional Inmobiliario por emitir una resolución que habilitaba a sus matriculados a cobrar dos meses de comisión a los inquilinos.

Desde el 2007 está vigente la Ley 2340, que es su artículo 57 establece que las inmobiliarias no pueden cobrar a los inquilinos una comisión mayor al 4,15% del valor total del contrato, lo que representa aproximadamente un mes de alquiler. Esta ley fue sistemáticamente infringida por las 6000 inmobiliarias de la Ciudad durante casi 10 años.

Cuando desde Inquilinos Agrupados comenzamos a denunciar este incumplimiento, el Colegio emitió la resolución 350 en la cual habilitaban a sus matriculados a cobrar dos meses de comisión. En ese momento, nos presentamos en la Justicia denunciando la inconstitucionalidad de que un Colegio Profesional regule los honorarios máximos de sus matriculados, que ya estaban regulador por una ley local.

Tanto el juez de primera instancia -Marcelo Segón- como la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad –Sala I- nos dieron la razón e impidieron que se siga cobrando dos meses de comisión en la Ciudad de Buenos Aires. Terminaron, de esta forma, con una transferencia ilegal de 1500 millones de pesos anuales del sector de los inquilinos al mercado inmobiliario. Asimismo, la sentencia judicial condenó al Colegio a ejercer un control integral sobre sus matriculados, con miras a evitar que se repitan este tipo de ilegalidades.

Lejos de cumplir con el control de sus matriculados, el Colegio sigue planteando recursos judiciales y ahora van a llegar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. “Evidentemente el Colegio no tiene la decisión de cumplir con lo que dicta la ley, por lo tanto, hay que rediscutir quien tiene que controlar a las inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó Gervasio Muñoz, presidente de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados

Y agregó “No hay ninguna razón ni argumento para pensar que el inquilino es un cliente de la inmobiliaria, y como tal deba pagar una comisión para firmar un contrato de alquiler. Por eso, el próximo desafío que tenemos los inquilinos es que la Legislatura porteña sancione el proyecto de ley para que la comisión inmobiliaria la pague el dueño de la propiedad y no el inquilino”.

Exigimos que Lipovetzky de tratamiento a la Ley de Alquileres

La Ley Nacional de Alquileres que obtuvo media sanción por unanimidad de la Cámara de Senadores se encuentra paralizada desde hace seis meses en la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja por decisión de su presidente, el diputado Daniel Lipovetzky.

La iniciativa fue redactada por todas las organizaciones de inquilinos del país que conformamos el Frente de Inquilinos Nacional y fue discutida durante todo 2016 en la Cámara Alta, llegando a un consenso absoluto de todos los bloques.

Actualmente, el proyecto se encuentra sin tratamiento en la comisión que preside el diputado Lipovetzky, quien además de ser el responsable de no convocar a reuniones de comisión, presentó otro proyecto de ley con el objetivo de tergiversar el debate que deben dar los diputados. En su proyecto se establece un sistema de actualización de precios muy perjudicial para los inquilinos y beneficia a las empresas constructoras con exenciones impositivas.

Recientemente el INDEC dio a conocer que la inflación de mayo fue del 1,3%, mientras que la suba de precios acumulada en los primeros cinco meses de este año es del 10,5% y se espera que durante todo 2017 sea de 21%. En este contexto, los contratos de alquiler ya están firmados para este año y para el próximo con aumentos semestrales del 15%, lo que implica un 32% anual, más de 10 puntos por encima de la inflación. Sin mencionar las renovaciones de contratos que se ubican en un 40 a 60% de aumento.

Nuestro proyecto de ley establece que las actualizaciones de precios sean anuales (no semestrales) utilizando un índice objetivo que se obtiene promediando la inflación (IPC) y la variación salarial (CVS). Además, se extiende de dos a tres años el plazo mínimo del contrato, se establece que el propietario debe pagar los impuestos que gravan su propiedad y las expensas extraordinarias y se limita el depósito en garantía a un mes de alquiler, entre otros puntos.

Los siete millones de inquilinos del país necesitamos medidas urgentes que restauren el desequilibrio que existe entre las familias que alquilan su vivienda y el mercado inmobiliario. Por eso exigimos al diputado Daniel Lipovetzky que convoque de forma urgente a una reunión de comisión y que comience a trabajar en beneficio de los inquilinos y no del mercado inmobiliario.

Se realizó el tercer plenario nacional de inquilinos

Todas las organizaciones de inquilinos del país que integramos el Frente de Inquilinos Nacional nos reunimos este fin de semana en la sede de ATE de la Ciudad de Buenos Aires para consolidar nuestra organización e impulsar la Ley Nacional de Alquileres.

Consideramos que es fundamental que la Cámara de Diputados le dé un pronto y satisfactorio tratamiento a nuestro proyecto de ley, que en noviembre pasado obtuvo media sanción por unanimidad de la Cámara de Senadores y actualmente se encuentra paralizado en la Comisión de Legislación General por decisión de su presidente, Daniel Lipovetzky, quien presentó otro proyecto de ley con el objetivo de dilatar y tergiversar el debate que debe dar la Cámara Baja.

Los siete millones de inquilinos del país necesitamos medidas urgentes que restauren el desequilibrio que existe entre las familias que alquilan su vivienda y el mercado inmobiliario. En este sentido, todas las organizaciones decidimos lanzar una campaña nacional para impulsar el tratamiento de nuestro proyecto de ley de forma urgente, sin agregados ni maniobras especulativas.

Asimismo, coincidimos en la importancia histórica de organizar a los inquilinos, un sector que, salvo contadas oportunidades, estuvo atomizado y sin ningún tipo de representación. Es por esto que decidimos constituirnos bajo la figura jurídica de Federación, con el objetivo de construir una herramienta nacional que nos trascienda a nosotros y a nuestras organizaciones.

Del plenario participaron representantes de once provincias, si bien existen particularidades en cada una, es notable que el problema central en cada región está ligado a la lógica de la rentabilidad que el mercado inmobiliario impone a un derecho básico como es el acceso a la vivienda digna. Ante esta situación, desde el Frente de Inquilinos Nacional estamos determinados a defender el acceso a la vivienda en calidad de alquiler, impulsando la desconcentración y la regulación de la vivienda, entendiéndola como un derecho humano.

Creemos que para generar políticas públicas que faciliten el acceso a una vivienda alquilada es fundamental conocer el estado de situación. Hace años el INDEC dejó de medir el impacto del alquiler de una vivienda en la canasta básica de una familia, lo que genera que las cifras que se obtienen y se difunden no se ajustan a la realidad de quienes alquilan. Es por esto que vamos a proponer que el organismo estadístico oficial vuelva a tomar en consideración a los alquileres, dejando de ocultar una realidad que abarcar a sectores cada vez más amplios de la sociedad.

Notamos, también, que existen sectores más vulnerables al abuso inmobiliario como es el caso de las mujeres, que además de lidiar con las dificultades propias de alquilar una vivienda, se enfrentan también con la discriminación de género, que se agudiza aún más cuando se entrecruza con otros tipos de exclusiones, por ejemplo: mujeres solteras con hijos, en situación de violencia, jubiladas, migrantes. Es por esto que decidimos tener una política nacional más activa para defender el derecho de las mujeres a acceder a un alquiler digno, creando una comisión permanente dedicada a esta tarea.

Con la certeza de que la organización de los inquilinos es la única forma posible para alquilar de forma justa, las distintas organizaciones del país volvemos a nuestros territorios para seguir trabajando y consolidando esta experiencia inédita de la historia argentina.

¿Cómo alquilamos los que alquilamos?

Este miércoles 17 de mayo a las 19 horas en Centro Cultural Espacio Sísmico, ubicado en Lavalleja 960, los inquilinos nos reunimos a conversar sobre la situación de los alquileres a nivel local y nacional y a contar las novedades de la Ley de Alquileres que se está tratando en la Cámara de Diputados.

Todos los meses cientos de miles de inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires destinamos más de la mitad de nuestro sueldo en el alquiler. Cada seis meses nos actualizan los alquileres sin ningún índice razonable. Cada dos años renovamos los contratos de alquiler pagando entre 4 y 5 meses en comisiones, adelantos, depósitos y gastos administrativos. Todo esto se suma a la exigencia de contar con garantía propietaria.

Este panorama conlleva a que renunciemos a nuestros derechos cuando firmamos contratos abusivos y nos vemos enfrentados a un mercado inmobiliario que impone sus reglas sin poder influir de ninguna manera.

Es por eso que nos preguntamos, ¿Qué pasa detrás del alquiler? ¿Quiénes son los que intervienen en el mercado? ¿Qué tipo de viviendas alquilamos? ¿Es verdad que hay poca oferta y baja rentabilidad? ¿Conviene comprar o alquilar? ¿Qué pasa en otras ciudades del mundo?

Desde Inquilinos Agrupados pretendemos responder a estas cuestiones y dar un aporte al panorama de la vivienda. Intentamos abrir la cabeza a aquello que no conocemos como inquilinos y que no se sabe sobre el mercado de alquileres. Cuáles son las cuestiones más esenciales que conllevan alquilar la vivienda donde cada uno de nosotros desarrollamos nuestros proyectos de vida. Entre todos vamos a tratar de desentrañar el entramado que encierra el alquiler y que repercute en nuestra calidad de vida.

Este miércoles 17 de mayo a las 19 hs en Centro Cultural Espacio Sísmico, Lavalleja 960, los inquilinos nos juntamos a charlar sobre estos temas.

Están todos invitados a participar. ¡Solo depende de nosotros!

Nos reunimos con el titular de AFIP

Esta mañana, en la Casa Central de AFIP, nos reunimos durante más de una hora con el titular del organismo, Dr. Alberto Abad; el subdirector general de Fiscalización, Marcelo Pablo Costa y el subdirector general, Sergio Javier Rufail.

El organismo recaudador nos convocó para conversar sobre la evasión generalizada en el sector propietario e inmobiliario. Durante la reunión, de la cual participó Gervasio Muñoz en representación de Inquilinos Agrupados, Abad planteó la decisión de terminar con esta evasión generalizada y para ello se determinaron las siguientes acciones:

Realizar una campaña pública de difusión de derechos de los inquilinos en términos fiscales (exigir factura, exención del IVA para alquileres de vivienda, cómo deducir ganancias de los alquileres, etc.).

La creación de un sistema de denuncias anónima, para que los inquilinos estén seguros y resguardados a la hora de denunciar a los propietarios y a las inmobiliarias que no entreguen factura.

Crear un canal de comunicación directo entre las organizaciones de inquilinos de todo el país (que dirige Gervasio Muñoz) y la AFIP para dinamizar el sistema de denuncias y de fiscalización a lo largo y a lo ancho del país.

La puesta en marcha de un plan que obligue a todas las inmobiliarias a trabajar vía posnet.

Eliminar el pago en efectivo en las operaciones de compra-venta y de alquiler.

La única forma de generar políticas públicas que resuelvan el problema de la vivienda en la Argentina es conociendo el estado de situación. Para eso, es fundamental un mercado en blanco y con un fuerte control del Estado, porque la evasión multimillonaria en el mercado de la vivienda, no solo afecta a los inquilinos, sino a todos los habitantes de este país.

La odisea de alquilar una vivienda si sos mujer

Por Ana Bettinardi (Coordinadora del área de Género de Inquilinos Agrupados)

Más de un millón de personas alquilan su vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, todavía no existe una verdadera regulación de los alquileres, recrudeciendo así la crítica situación habitacional de este sector y favoreciendo las prácticas especulativas por parte de las inmobiliarias.

No obstante, esta clara desigualdad de poder entre el mercado inmobiliario y los inquilinos se profundiza aún más cuando son las mujeres quienes deciden alquilar, ya sea por “dueño directo” o a través de una inmobiliaria. Buscar una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires no es tarea sencilla de por sí, pero se transforma en una verdadera odisea cuando deben encararla Ellas.

¿A qué se enfrentan las mujeres inquilinas?

A la hora de alquilar, las inquilinas deben lidiar no sólo con las dificultades propias de esta tarea, sino también con la discriminación de género, que se agudiza aún más cuando se entrecruza con otros tipos de exclusiones, por ejemplo: mujeres solteras con hijos o hijas, en situación de violencia, jubiladas, migrantes, colectivo LGBTIQ.

Este tipo de preguntas deben contestar ellas por ser mujeres cuando necesitan alquilar:
“¿Tenés hijos? ¿Cuántos?”
Cada vez se encuentran más avisos discriminatorios con cláusulas que especifican “sin niños” reduciéndose así las opciones de alquiler para las mujeres madres.
“¿Estás casada o separada?”
Las mujeres solteras o separadas muchas veces dependen de la firma de terceros o ex parejas para reunir y certificar el monto mínimo de ingresos requeridos.
“¿Qué trabajo realizás?”
El nivel más alto de trabajo informal es realizado por las mujeres (34,6% en mujeres, 31,8% en varones, según datos del 2013), esto ocasiona que muchas mujeres no puedan demostrar sus ingresos.

En el caso de las mujeres en situación de violencia de género se complejiza la problemática. Habitualmente son ellas las que se retiran de su hogar con sus hijos para poder salir de la violencia, pero en esta “salida”, suelen no recuperarse los documentos necesarios para una supuesta futura transacción de alquiler. No solo la pérdida material de todas sus posesiones hace inviable el acceso a una vivienda en alquiler, muchas de las mujeres que sufren violencia (o acaban de atravesar por ella) no tienen un trabajo que les otorgue los recursos económicos y recuperar su autonomía. Asimismo, en la mayoría de los casos, las mujeres y sus hijos rotan de casa en casa -y de barrio en barrio- desvinculándose de su tejido comunitario o redes de servicios.

Todas estas barreras ejemplificadas hasta el momento van generando un sinfín de realidades particulares en la vida cotidiana de las mujeres, agravándose con la suba progresiva y desmedida de los precios de los alquileres o la falta de garantía requerida y obstaculizando, de este modo, alquilar de una manera justa y equitativa.

El rol históricamente asignado

Si tenemos en cuenta que las mujeres dedican casi el doble de horas que los varones en las tareas domésticas y de cuidado, no nos asombra cuando vemos que el 90% de las consultas legales que recibimos en Inquilinos Agrupados provienen de mujeres.

Saber que ellas se encargan de los trámites y gestiones del alquiler es una expresión más del rol histórico que las mujeres ocupan debido a la división sexual del trabajo. Este es un dato no menor que impacta en el uso del tiempo, generando una sobrecarga que va en detrimento de su tiempo de descanso y ocio y, en definitiva, de su salud (pensada en términos integrales).

En la Agrupación aproximadamente el 90% de los casos que recibimos provienen de mujeres. Mayoritariamente son ellas las que se ocupan de lidiar con el tema del alquiler, enfrentándose a varios obstáculos y discriminaciones por parte de las inmobiliarias. Sin embargo, son las mujeres en situación de violencia las más vulnerables y difíciles de ayudar.

Ellas nos consultan en situación de crisis y muchas veces con sus hijos a cargo, quienes también son violentados y no sólo por el agresor sino que son revictimizados por la falta de una solución efectiva y de fondo a la problemática habitacional por parte del Estado y por las reglas de juego de las inmobiliarias.

Las alternativas habitacionales en hogares, refugios y hoteles no alcanzan y una vez asistidas en estos lugares quedan nuevamente dependiendo de sus familiares y muchas veces teniendo que volver con el agresor. Además, por la falta de recursos económicos, las mujeres no encuentran forma de acceder al mercado de alquileres. Quedando afuera de la competencia feroz que vivimos todos y todas los inquilinos de la Ciudad.

Proyecto de ley

Recientemente presentamos, junto con la legisladora porteña Andrea Conde, un proyecto para dar soluciones habitacionales transitorias a mujeres víctimas de violencia de Género.

En concreto, el proyecto propone la creación de un “Fondo de Alternativas Habitacionales Transitorias para mujeres en situación de Violencia de Género”. Se trata de un subsidio destinado solventar los primeros 6 meses del pago de alquiler de un contrato de locación en la Ciudad de Buenos Aires. Para acceder las beneficiarias deberán ser mayores de edad o estar emancipadas y acreditar mediante cualquier tipo de certificación –ya sea de organismo público o privado- haber recibido atención en virtud de una situación de violencia de género y comprobar ingresos en relación al monto al alquiler.

Además, las beneficiarias tendrán prioridad para el acceso a créditos hipotecarios de vivienda, podrán estar exentas del pago de contribuciones de la ciudad y recibir la tarifa social.

También se propone la elaboración de un registro de corredores inmobiliarios que promuevan valores de igualdad y contribuyan a la erradicación y prevención de la violencia de género, donde podrán inscribirse voluntariamente los corredores inmobiliarios y recibirán una credencial identificadora. A tal fin, se celebrarán convenios con el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fracasa la deducción de alquileres del Impuesto a las Ganancias

Tal como lo adelantamos cuando se reglamentó la modificación en el impuesto a las ganancias, los propietarios no entregan facturas por el pago mensual del alquiler y los inquilinos no pueden deducir ese concepto del impuesto a las ganancias. Por su parte, AFIP no estableció ningún mecanismo para controlar esta situación.

Hace un mes y medio el titular de AFIP, Alberto Abad, firmó la resolución 4003-E, que reglamenta la modificación en el impuesto a las ganancias votada el año pasado por el Congreso Nacional. Desde entonces, cada contribuyente que alquila una vivienda puede descontar hasta el 40% de lo que paga del tributo, con un tope equivalente de $51.967 por año.

Para hacerlo, el inquilino debe ingresar a la página de AFIP y adjuntar el contrato de alquiler en un archivo PDF. Luego, cada mes, debe cargar en el fisco los datos de la factura que sirva de comprobante de pago del alquiler: número de cuit, fecha y monto.

Como era de esperarse, los propietarios se niegan a entregar facturas oficiales para evitar el pago del monotributo (o régimen general) y de ingresos brutos. De esta forma, los inquilinos no acceden a la deducción del alquiler.

En su momento, el titular de AFIP alentó a los inquilinos a hacer la denuncia en caso de que no reciban facturas oficiales, pretendiendo que estos actúen como inspectores del organismo recaudador. Cabe señalar, que la mayoría de las familias que alquilan su vivienda optan por no hacer la denuncia para evitar conflictos con el propietario, que puedan derivan en la no renovación del contrato. También observamos en este tiempo que las inmobiliarias ofrecen departamentos a distinto precio en caso de que el inquilino interesado exija factura o no.

En nuestro país la gran mayoría de los alquileres están en negro y nadie tiene registro de quienes son propietarios e inquilinos. En este contexto, para que la deducción del alquiler en ganancias no sea sólo letra escrita, es necesario que AFIP tengan un rol más activo y no delegue el control del mercado inmobiliario en los inquilinos.

Es fundamental entender que la implementación de esta deducción solo podrá ser llevada a cabo si se legaliza el mercado de la vivienda. Esto quiere decir tener un sistema claro y legal de firmas de contratos y de facturación del canon locativo.

Nos reunimos con el IVC y el mercado inmobiliario

Esta mañana participamos de una mesa de trabajo con el Instituto de Vivienda y el Colegio Profesional Inmobiliario. Acordamos avanzar en tres de nuestras propuestas para la Ciudad de Buenos Aires.

La reunión se desarrolló en las oficinas del IVC y estuvieron presentes el presidente de ese organismo, Juan Maquieyra y el presidente del Colegio Profesional Inmobiliario, Héctor Dodorico, entre otros.

Durante la reunión, ambos organismos se comprometieron a avanzar en tres de nuestras propuestas para la Ciudad de Buenos Aires: que la comisión inmobiliaria la pague el dueño, a través de la modificación del artículo 57 de la Ley 2340; que los pedidos de informes sean gratuitos para los inquilinos, a través de un convenio con el Ministerio de Justicia y que la certificación de firmas sea gratuita para los inquilinos, a través de un convenio con el Colegio de Escribanos.

Estos tres puntos reducirían de forma inmediata y de manera muy sencilla el dinero que tienen que desembolsar los inquilinos en el momento de firmar o renovar un contrato. Cada dos años, un inquilino en la Ciudad de Buenos Aires deja en la inmobiliaria entre 4 y 5 meses de alquiler entre depósito, mes de adelanto, comisión inmobiliaria y gastos administrativos. Con nuestras propuestas, el inquilino destinaría entre 2 y 3 meses.

Teniendo en cuenta que el mercado inmobiliario incumplió durante 10 años la ley que pone topes a la comisión inmobiliaria y la empezó a cumplir recién cuando nos presentamos en la Justicia, planteamos que el Gobierno de la Ciudad, a través del IVC y el mismo Colegio Profesional Inmobiliario implementen un mecanismo de control de las inmobiliarias para que estas propuestas, el día que se concreten, se plasmen en la realidad y no se repitan los incumplimientos a los cuales los inquilinos estamos habituados.

Los nuevos créditos hipotecarios no resuelven el acceso a la vivienda

Los bancos Nación, Ciudad y Provincia ofrecerán créditos hipotecarios a 30 años, que se ajustarán a través de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), y esta evolucionará en función del Índice de Precios al Consumidor. Se trata de la séptima línea de crédito que se anuncia en el último tiempo y que se suma al PROCREAR, al Nación Tu Casa y al crédito que ofrece el Banco Central, entre otros.

Desde Inquilinos Agrupados consideramos una buena noticia que se amplíen los créditos para la adquisición de viviendas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta política no alcanza a la mayoría de los inquilinos y los que puedan ingresar, deberán ser muy conscientes de la manera en que se actualiza la cuota mensual.

Para ingresar a un crédito hipotecario un inquilino debe tener ahorrado el 20 o 25% -según el banco- del valor de la vivienda, lo que representa en la Ciudad de Buenos Aires no menos de 250 mil pesos. Este es el primer gran filtro que debe superar el inquilino, que además de pagar mensualmente un alquiler, expensas, servicios e impuestos y cada dos años comisión inmobiliaria, depósito y gastos administrativos; debe tener una importante capacidad de ahorro.

Una vez ingresado al crédito hipotecario, la cuota inicial tiene un valor similar o hasta menor al alquiler. Sin embargo, al ajustarse por UVA en un contexto donde los salarios aumentan por debajo de la inflación, es decir, donde pierden poder adquisitivo, en el mediano plazo las cuotas pueden representar una gran porcentaje del salario y en el largo plazo pueden ser inalcanzables. Veamos, para una cuota que comienza en 5 mil pesos, si se aplica un aumento anual de 30% (entre las UVA y la tasa de interés del Banco), en 3 años la cuota sería de $10.985 y en 10 años $68.929.

Reiteramos la importancia de fomentar la compra de viviendas a través del crédito, pero hasta tanto no se simplifiquen los requisitos, se establezca un sistema de actualización de precios confiable a largo plazo y fundamentalmente se regule el mercado de alquileres no habrá inquilinos que puedan acceder o que puedan pagar las cuotas.

La Ley Nacional de Alquileres ya tiene media sanción por unanimidad en el Senado y espera su tratamiento en abril en la comisión de Legislación General de Diputados. El proyecto establece un índice de actualización de precios que tiene en cuenta la actualización de los salarios y establece nuevos beneficios para quienes alquilan. En caso de aprobarse, en poco tiempo los inquilinos estarán en mejores condiciones para acceder a un crédito hipotecario.

AFIP reglamentó la deducción de alquileres del Impuesto a las Ganancia

Desde Inquilinos Agrupados estamos brindando asesoramiento legal gratuito a todos los inquilinos que quieran deducir el alquiler de ganancias y el propietario se niegue a brindarles la factura correspondiente.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó la disposición que posibilita a los inquilinos a descontar del impuesto a las Ganancias hasta un 40% del monto que paguen por sus alquileres.

Así lo dispuso en la resolución general 4003-E, firmada por el titular del organismo, Alberto Abad, que reglamenta la modificación en el impuesto a las ganancias votada el año pasado por el Congreso Nacional.

Para hacerlo, el inquilino deberá ingresar al Siradig, el sistema de la AFIP en el que carga su declaración jurada de Ganancias. La primera vez que informe la deducción deberá adjuntar el contrato de alquiler en un archivo PDF.

Luego, cada mes, deberá cargar en el fisco los datos de la factura que sirva de comprobante de pago del alquiler: número de cuit, fecha y monto. Al respecto, la resolución de la AFIP afirma que “será requisito necesario que el monto de los alquileres abonados se encuentre respaldado mediante la emisión de una factura o documento equivalente por parte del locador”.

Este dato es clave, ya que, según admite la AFIP, la gran mayoría de los contratos de alquiler hoy están en negro y el propietario no emite factura. Por este motivo, desde Inquilinos Agrupados estamos brindando asesoramiento legal gratuito a todos los inquilinos que quieran deducir el alquiler de ganancias y el propietario se niegue a brindarles la factura correspondiente. El asesoramiento es presencial en nuestro local de Emilio Lamarca 1860, los martes y jueves de 18 a 20 horas. Asimismo, nos ofrecemos como mediadores entre inquilinos y propietario o inquilinos e inmobiliarias para facilitar un entendimiento entre las partes y evitar presentaciones judiciales.