Mientras el Colegio Profesional Inmobiliario anuncia públicamente que presentará una acción de amparo contra la ley que acaba de aprobar la Legislatura porteña para que la comisión la pague el dueño, la Justicia local sigue rechazando sus argumentos en otra causa judicial.
El Fiscal General Luis Cevasco recomendó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que rechace el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Colegio Profesional Inmobiliario contra la sentencia definitiva emitida por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad –Sala I- que prohibió el cobro de dos meses de comisión a los inquilinos.
Recordemos que, a principio del año pasado, junto con ACIJ, nos presentamos en la Justicia contra el Colegio Profesional Inmobiliario por emitir una resolución que habilitaba a todas las inmobiliarias de la Ciudad a cobrar dos meses de comisión a los inquilinos. En ese momento, el juez de primera instancia –Marcelo Segón- y luego la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad –Sala I- nos dieron la razón e impidieron que se siga cobrando dos meses de comisión. Terminaron, de esa forma, con una transferencia ilegal y en negro de 1500 millones de pesos anuales del sector de los inquilinos al mercado inmobiliario.
Lejos de acatar el fallo e implementar un control de sus matriculados, el Colegio se presentó en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que revise la sentencia. Hoy nos enteramos que el 28 de agosto, el Fiscal General Luis Cevasco firmó una recomendó al Tribunal para que rechace el recurso del Colegio alegando que “no se vislumbra contradicción entre la normativa nacional y la local”.
Esta noticia toma estado público en un momento en el cual el Colegio Profesional Inmobiliario está anunciando que se presentará en la Justicia para que se suspenda la aplicación de la ley aprobada el 24 de agosto para que la comisión inmobiliaria la pague el dueño y no el inquilino. Sus argumentos para plantear esta posible presentación judicial son los mismos que fueron rechazados en la otra causa judicial por el juez de primera instancia, la Cámara y el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia.
“Es evidente que el planteo de que las comisiones inmobiliarias no pueden ser reguladas por una ley local es un planteo desesperado y sin ningún tipo de sustento. Además, es contradictorio con el proyecto que los mismos corredores presentaron en la Legislatura hace unos meses para aumentar sus comisiones”, afirmó Gervasio Muñoz, presidente de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados y agregó “Cuando el Tribunal falle en contra del Colegio en esa causa, sus chances de acudir a la Justicia con el mismo planteo serán mínimas”.
