La ciudad alquilada

Por Gervasio Muñoz *

24/12/18 Hay un lugar común para referirse a los cargos públicos, una forma de aclarar que quienes ocupan el gobierno no son los propietarios del estado: “el inquilino de la casa rosada” por ejemplo. Cabría perfectamente para el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta. Si él es inquilino, habría que preguntarse quién o quienes son los propietarios del Estado, el gobierno y/o el poder en CABA. Tienen nombre y apellido: Elzstain, Calcaterra, Paolo Rocca, Roemmers y algunos más.

Sin lugar a dudas el diseño de las políticas de vivienda sólo tiene un fin: elevar el valor del suelo para favorecer el negociado inmobiliario más grande de la historia de la ciudad. Se han vendido terrenos públicos, cerrado escuelas, fusionado hospitales por decreto, urbanizado villas, reforma del código urbanistico, etc, porque los grupos económicos nacionales e internacionales vienen por las ciudades. No es un caso aislado el nuestro. Sucede en todas las grandes ciudades del mundo, pero en la ciudad más rica del país, habitada por 2.900.000 habitantes (desde el año 1947) un 38 por ciento de la población alquila, un 10 por ciento vive en villas, y otro 7 por ciento en hoteles, pensiones e inquilinatos. Se podría decir entonces que más de la mitad de los porteños y las porteñas vivimos de prestado y en condiciones muy difíciles o indignas.

A principios de año hicimos una encuesta desde la Federación de Inquilinos Nacional para saber qué porcentaje del salario de los que alquilamos vivienda destinamos al alquiler sin contar ABL, expensas, depósito, arreglos de la vivienda, etc.  En enero el resultado arrojó que el 41 por ciento de un ingreso se destina al alquiler, pero en la segunda encuesta realizada a mediados de este año el porcentaje ascendió a 45 por ciento.

El ingreso promedio de ingresos per cápita es de alrededor de 20.000 pesos y el alquiler promedio de un departamento dos ambientes es de 11.500 pesos.

Para hablar en términos distributivos: más de doscientas mil familias transfieren gran parte de sus ingresos a un sector cada vez más reducido de propietarios que goza de una rentabilidad muy alta, pero sobre todo, de una extrema desregulación en las reglas de juego, sumado a la falta de control impositivo por parte del Estado nacional y local.

La legislatura porteña (con mayoría automática de la alianza Cambiemos y algunos aliados circunstanciales en votaciones claves), junto con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y el ejecutivo de la Ciudad se han transformado en la gran inmobiliaria al servicio de los grandes empresarios de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Causa de todas estas políticas la ciudad expulsa sistemáticamente a los sectores medios y medios bajos convirtiéndola en un lugar profundamente elitista.

Sin lugar a dudas la columna vertebral del proyecto neoliberal en la ciudad de Buenos Aires es la valorización del suelo, junto con un sistema perverso de aumentos del precio del alquiler por encima de los salarios y exenciones impositivas a grandes empresarios de la construcción.

La situación de 1.150.000 personas que habitamos viviendas alquiladas es cada vez más grave. Las consultas ya no tienen que ver con derechos (clausulas contractuales, devolución de depósito, etc.) sino con mudanzas urgentes por la imposibilidad de seguir pagando el alquiler.

Los adultos mayores se van a la casa de los hijos, las familias se mudan a zonas periféricas y viviendas más pequeñas, los jóvenes vuelven con los padres, los que estaban en pensiones van a la calle o al alquiler en villa. Todo esto bajo un manto de invisibilidad realmente alarmante. Somos las organizaciones sociales, quienes venimos denunciando la situación.

Habrá que dar una discusión fundamental para revertir el desastre de privatización absoluta de la vivienda. Tenemos que preguntarnos todos, si realmente estamos convencidos de que la vivienda debe ser un derecho o un negocio. Si seguimos creyendo que las únicas formas de acceder a la vivienda deben ser el crédito o la construcción de las viviendas sociales en las periferias y no ponemos en discusión la rentabilidad de los propietarios el problema seguirá en una espiral sumamente peligrosa.

* Presidente Federación de Inquilinos Nacional. 

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