Desde el Colegio Profesional Inmobiliario emitieron recientemente un comunicado a la prensa y a sus matriculados en el cual expresan su rechazo al proyecto del Gobierno de la Ciudad para que la comisión inmobiliaria la pague el dueño. Sin embargo, de forma lateral, hacen mención al otro proyecto de ley (al nacional) y afirman que lograron “frenar la ley de alquileres en Diputados, a través del diputado Lipovetzky, con media sanción unánime del Senado”.
Cualquiera que esté medianamente atento al tratamiento del proyecto de Ley de Alquileres; tanto en Senadores, como ahora en Diputados, puede interpretar –con fundamento- que la ausencia de reuniones de comisión y la presentación de un proyecto de Ley de Alquileres del diputado Lipovetzky no son más que mecanismos que buscan dilatar y tergiversar la discusión en Diputados, con el objetivo de no tratar ningún proyecto de ley.
Ahora nos enteramos (por confirmación del mismísimo Colegio Profesional Inmobiliario) que todo estuvo orquestado por el mercado inmobiliario, que a través de su poder de lobby, hizo prevalecer sus intereses económicos a los derechos de millones de inquilinos. Es una lástima que estas palabras del Colegio sean tan cortas y no profundicen en los mecanismos que utilizaron para frenar un proyecto que venía con el aval de todos los senadores del país, es decir, con el aval de 23 gobernadores y un jefe de gobierno.
Desde la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, en conjunto con el resto de las organizaciones de inquilinos del país, seguiremos impulsando el tratamiento de nuestro proyecto de ley que beneficia a los siete millones de inquilinos del país, no perjudica a los propietarios y solo afecta a un minúsculo pero poderoso grupo de corredores inmobiliarios que quieren seguir fijando las condiciones de vida de millones de personas.
