En los últimos años de la dictadura se alquilaba mal, era casi una libre contratación, porque las condiciones te las imponían: no solo el precio y la comisión de la inmobiliaria, o la garantía propietaria (que muchas veces se tenía que comprar a través de algún aviso publicado en Clarín: “alquilo garantía propietaria”).
Pero sobre todo, antes de la nueva democracia te pedían dólares para pagar el alquiler. “No, no tengo dólares”, “entonces dame un año adelantado, me lo das en moneda nuestra pero toda junta”.
Así les gustaba jugar con nosotros, porque esa plata acumulada les servía para jugar a la ruleta financiera: comprar dólares, meterla en un plazo fijo.
Alfonsín asumió el primer gobierno de la nueva democracia el 10 de diciembre de 1983 y enseguida envió al Congreso una ley de alquileres, que se discutió durante el 84.
Había pudor en los legisladores del 84, cierta vergüenza o permiso para legislar algo que pudiese irritar al mercado inmobiliario. En otros casos todavía levantaban abiertamente la política implementada en la dictadura: “libre contratación”, “que no se meta el Estado”, “esto es un asunto entre privados”.
La ley 23091, que se votó a fines del 84, fijó dos años de plazo de alquiler, restringió los pagos de meses adelantados, y dejó en claro que solo se podía contratar en moneda de curso legal, moneda nacional.
Pero el peso de la deuda externa heredada de la dictadura -que junto a Brasil y México se convirtió en la principal crisis de deuda a nivel mundial-, y las concesiones del gobierno alfonsinista, indexaron los precios de tal manera que en 1989 el Congreso votó un descuento del 50% en los alquileres durante 6 meses, luego que en un solo trimestre el ajuste (el aumento del alquiler) se disparó hasta el 100%.
Los años menemistas fueron de alquiler en dólares, estabilidad en el precio (mientras estaba el contrato vigente) y fuertes aumentos una vez que se volvía a firmar contrato. El alquiler de vivienda fue el aumento más grande que hubo durante una década de estabilidad de la moneda (convertibilidad, un peso = un dólar) y de a ratos deflación (inflación negativa).
Lo que subió también fue la pobreza, la desocupación y la caída de los ingresos, y la deuda externa y el apriete del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que decidieron no entregar un dólar más. Los depósitos (entre ellos los sueldos) fueron bloqueados por los bancos, hasta que todo estalló en diciembre de 2001. El alquiler, en diciembre de 2001, se pagaba por día, por semana, como se podía, porque no había dinero circulante.
En 2002 se pesificaron los alquileres que estaban en dólares, hubo idas y venidas (se pensó en que los propietarios impongan nuevo precio pero se desistió, y se terminaron los contratos con aumento de acuerdo a la variación salarial).
Los empleos recuperados a partir de 2003, sumado a una mejor distribución de los ingresos, abrió las puertas de un abuso desmedido en el cobro de comisiones inmobiliarias, negocio financiero (incorporación del seguro de caución) y precios fijados de acuerdo a las posibilidades que teníamos de cumplir con el pago.
La construcción de viviendas privadas como reserva de dólares, terminó de trazar un mapa desigual y dislocado de gente que busca un lugar para vivir, inmuebles deshabitados y alquileres más caros que nunca.
Sin ley que lo regule, el alquiler es un gran negocio, sobre todo si el país es una fábrica de inquilinos, que duplica en las últimas dos décadas la cantidad de hogares que vivimos pagando una renta mensual.
En ese contexto nace Inquilinos Agrupados, una organización diferente a los estudios jurídicos que funcionaban con la pantalla de ser una organización no gubernamental que atendía problemas legales de inquilinxs.
Somos diferentes porque comenzamos atacando la comisión inmobiliaria, con una campaña de denuncias por los abusos que se cometían en los locales intermediarios, y militando una ley que eliminara la comisión y que se votó en la Ciudad en 2017.
Y así exigimos también en 2020, apenas iniciada la pandemia, que para que se cumpla el aislamiento social y obligatorio, se debía garantizar la continuidad de vivienda a todxs los inquilinxs.
Suspender los desalojos, prorrogar los contratos, y patear durante un año los aumentos de los alquileres, que a regañadientes firmó el Presidente y se cumplía más por la denuncia de nuestra organización que por la acción del gobierno nacional y el gobierno municipal.
En julio de 2020, con barbijo y por zoom, el Senado aprobó la ley de alquileres. Una sorpresa que se superponía a la situación de emergencia locativa (en pandemia), pero que fue la culminación de cuatro años de discutir con los legisladores propuestas que se convirtieran en ley y que evitaran una catástrofe mayor frente a la voracidad y la apetencia de sacarnos hasta el último peso ganado.
La ley 27551 amplió el plazo del alquiler (3 años) y estableció los aumentos de la locación durante el contrato (una vez al año). También legisló el derecho a que paguemos menos expensas, menos impuestos, menos depósito y menos multas.
Teniendo en cuenta que en los 40 años de democracia se modificó el mundo -y los negocios inmobiliarios pasaron a tener un lugar de relevancia- el alquiler de viviendas ocupa un lugar mayor en la oportunidad de negocios que en la agenda de derechos protegidos por el Estado.
El rechazo del mercado inmobiliario a la ley de alquileres, es una muestra más de sus intenciones: libre contratación (precio y plazo elegido por ellos) y máxima rentabilidad.
No tenemos otra alternativa que insistir y resistir, hasta que el acceso a la vivienda alquilada sea justo y acorde con nuestros ingresos.
