La aplicación “Consorcio Participativo” ignora a los inquilinos

De cada seis departamentos de la Ciudad de Buenos Aires, 3 están habitados por propietarios, 2 por inquilinos y uno está vacío. Sin embargo, para participar activamente en la aplicación que presentó el Gobierno de la Ciudad para controlar a las administraciones de consorcio es necesario ser propietario.

Con la presentación de la aplicación “Consorcio Participativo”, el Gobierno de la Ciudad está ignorando al sector más desprotegido del consorcio y reduciendo toda problemática de expensas y consorcios a la transparencia y la participación de los copropietarios.

Desde hace algún tiempo, para los inquilinos, las expensas representan entre el 30 y el 50% del valor del alquiler. Esto sucede por varios motivos. El más evidente es el aumento en las tarifas de agua, luz y gas y el aumento generalizado de precios que afecta a cada gasto del consorcio. Sin embargo, existen causas más complejas.

Las administraciones de consorcios ya no discriminan las expensas entre ordinarias y extraordinarias. Los inquilinos, entonces, se hacen cargo de cualquier gasto del edificio, más allá de que por contrato le corresponda pagar únicamente las expensas ordinarias. Es decir, los gastos que hacen al día a día del edificio (salario del encargado, servicios, seguros, desinfección, etc.) La falta de control de las administraciones de consorcios es lo que permite esta situación. Actualmente, Defensa del Consumidor recibe cientos de denuncias por mes. Sin embargo, casi ninguna prospera. Informes de la Auditoría General de la Ciudad dan cuenta de esta situación.

Otro motivo es la falta de tratamiento de la Ley Nacional de Alquileres que obtuvo media sanción por unanimidad en Senadores y que está paralizada en Diputados (por decisión del diputado Lipovetzky). El proyecto establece que el propietario de la vivienda debe pagar las expensas extraordinarias, ya que ponen en valor su propiedad. Además, la legislación actual no indica claramente cuál es el límite entre las expensas ordinarias y extraordinarias, dejando a las administraciones de consorcio el camino libre para liquidar las expensas siempre a favor de los propietarios, que son quienes los votan y los contratan.

Todo esto se suma a que el inquilino no tiene voz ni voto en las asambleas del consorcio, por lo cual, la información le llega cuando las decisiones están tomadas y no tiene más opción que pagar expensas que incluyen reemplazar los ascensores, equipar el edificio con matafuegos o pintar la fachada.

Si se pretende generar políticas que regularicen el funcionamiento de los consorcios, es indispensable generar un sistema de control y de sanción de las administraciones y también, avanzar en legislaciones que tengan en cuenta las necesidades de los inquilinos, que destinan un porcentaje de su salario importantísimo al pago del alquiler y de las expensas.

La aplicación “Consorcio Participativo” ignora a los inquilinos
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